Criminalización para quienes están conscientes de la realidad política

La criminalización busca coartar el derecho a disentir y manifestarse. ¿Cómo pueden las juventudes de la región luchar por un estado democrático en un contexto que intenta sumirles en silencio?

El cerco construido por los diferentes gobiernos de países en América Central alrededor de las libertades democráticas que ha permitido violentar derechos de las personas en las calles y en Internet es preocupante. 

Las acciones violatorias de derechos por parte del gobierno, tales como la censura previa al establecer avisos o permisos para reuniones públicas, la posibilidad de disolver las marchas si bloquean un edificio de gobierno o una vía pública, una sobre-burocratización para ejercer derechos en el espacio público, la criminalización del simple aspecto o forma de vestir de las personas, y el aumento desproporcionado de penas para delitos relacionados con concentraciones. 

Este tipo de legislaciones vulneran, coartan y restringen el ejercicio de los derechos humanos de las personas y pueblos, y buscan criminalizar  la protesta social en todas sus expresiones.

¿Cómo definimos la criminalización?

La criminalización consiste en convertir las acciones propias del ejercicio del derecho a la manifestación pacífica en conductas sujetas a sanciones de naturaleza penal. A través de la criminalización,la protesta legítima se convierte en delito.

Las acciones de represión y la criminalización de la protesta social violan los derechos a la libertad de expresión, de reunión y manifestación. La tendencia a criminalizar las manifestaciones pacíficas o protestas sociales, ocurre cuando el gobierno de turno persigue fines de represión en lo político. 

La criminalización enmascara el miedo de regímenes de gobierno a perder el control del poder. Esto causa lo contrario a los fines perseguidos en una sociedad democrática y constituye una forma velada para restringir ilegítimamente el ejercicio de las libertades civiles y políticas.

Desarrollo de la criminalización y sus casos

El panorama de seguridad de las personas defensoras de derechos humanos en América Central a lo largo de los últimos 10 años no ha dejado de alarmar. Se han presentado casos de ataques y criminalización y se estima unos 312 actos de criminalización, seguidos de 253 actos de difamación, 34 denuncias judiciales infundadas, 21 detenciones ilegales y 4 detenciones arbitrarias entre el 2019 y el 2022 en toda la región.

El 20 de junio del 2019 en Honduras, Eblin Noel Corea Maradiaga, estudiante de 17 años, fue ejecutado a manos del ejército en la localidad de Yarumela, la Paz. Horas antes del evento, había tenido lugar un bloqueo carretero en señal de protesta. 

A pesar de haber disipado el bloqueo, un convoy del ejército llegó instantes después, disparó contra civiles y persiguió a varias personas, entre ellas a Eblin y a su padre. Desarmados, ambos intentaron refugiarse en un callejón. Sin embargo, muchas personas indican que un oficial del ejército tomó posición, apuntó y disparó contra el adolescente, quien cayó en los brazos de su padre tras recibir un disparo en el pecho.

En Guatemala, Nanci Sinto, Dulce Archila, Juan Francisco Monroy fueron ligados a proceso penal por depredación de bienes culturales. A ellos se les vinculó con los daños causados al edificio del Congreso el 21 de noviembre de 2020. La manifestación de Sinto como activista, Archila como artista y estudiante universitaria, al igual que Monroy, ha sido uno de los tantos actos políticos para amedrentar a la población a manifestarse. Dichas manifestaciones derivaron de la aprobación exprés del presupuesto para el 2021 por más de Q99.700 millones por parte del Congreso y que fue justificado en más de una oportunidad por el presidente Alejandro Giammattei. 

En El Salvador, entre 2009 y abril de 2022, 64 salvadoreñas, criminalizadas por emergencias obstétricas, recuperaron su libertad. Al momento de esta publicación se identificaron a 52 y se ha logrado mapear la información de 47 casos: 25 fueron condenadas a 30 años por homicidio agravado y 18 de ellas estuvieron más de una década en la cárcel.

Así se podría continuar con el listado de vidas, personas y momentos en la región donde la valentía de las personas criminalizadas, no solo han dejado un ejemplo de luchar con gobiernos anti derechos humanos, corruptos y violentos.

La importancia de reconocer el derecho a defender los derechos

Las personas defensoras, por una parte, “contribuyen a mejorar las condiciones sociales, políticas y económicas, a reducir las tensiones sociales y políticas, a consolidar la paz a nivel nacional y a promover la toma de conciencia con respecto a los derechos humanos en el plano nacional e internacional”. También pueden ayudar a los gobiernos a promover y proteger los derechos humanos. Como parte de los procesos de consulta, pueden desempeñar un papel fundamental para contribuir a elaborar la legislación apropiada, y ayudar a establecer planes y estrategias nacionales sobre derechos humanos.

La criminalización de las defensoras y defensores a través del uso indebido del derecho penal consiste en la manipulación del poder punitivo del Estado por parte de actores estatales y no estatales tiene el objetivo de controlar, castigar o impedir el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos. 

Esta puede tomar lugar, por ejemplo, mediante la presentación de denuncias infundadas o basadas en tipos penales no conformes con el principio de legalidad, o en tipos penales que no cumplen con los estándares interamericanos atendiendo a las conductas que castigan. También puede darse a través de la sujeción a procesos penales prolongados y mediante la aplicación de medidas cautelares con fines no procesales. 

La manipulación del derecho penal en perjuicio de las defensoras y los defensores se ha convertido en un obstáculo que amerita la atención prioritaria por parte de los Estados. Su objetivo central es amedrentar la labor de defensa y protección de los derechos humanos, y paralizar el trabajo de las defensoras y defensores, dado que su tiempo, recursos (financieros y demás) y energías deben dedicarse a su propia defensa.

Aun en el dolor que vivimos en nuestros países, recordar es mantener viva nuestra memoria colectiva. La memoria nos permite ir construyendo un tejido social que nos ayude a recuperar la democracia de nuestros estados y, sobre todo, la soberanía justa de los pueblos y su ciudadanía.