Cuando volver a casa es un riesgo: el deber ético de no forzar retornos inseguros

Durante la última década, gran parte de los gobiernos latinoamericanos han reforzado una narrativa que insiste en gestionar la migración mediante “orden”, “control” y “retornos eficientes”. Este lenguaje tecnocrático pretende transmitir neutralidad, racionalidad y capacidad institucional, pero oculta una contradicción profunda: para miles de personas, especialmente en Centroamérica y el Caribe, retornar no es volver al hogar, sino volver al peligro que intentaron dejar atrás. Este debate revela un dilema ético central: ¿Cómo pueden los Estados defender la idea de retorno seguro cuando los datos, la experiencia y la realidad de los territorios muestran lo contrario?

Esta incoherencia no es nueva. En 2022, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió que las expulsiones aceleradas y los retornos sin evaluación individual del riesgo vulneran sistemáticamente el principio de no devolución. Ese mismo año, la CIDH documentó múltiples casos de personas enviadas de vuelta a contextos donde enfrentaban persecución, reclutamiento forzado, violencia sexual o amenazas letales. La región parece atrapada entre un discurso humanitario que en la superficie defiende los derechos humanos y unas prácticas estatales que, en la realidad, exponen a las personas migrantes a daños irreparables.

El arte como reflejo de la dignidad humana

Frente a esta tensión, sorprende que sea el mundo del arte, y no necesariamente el del derecho, el que logre expresar con mayor claridad la dimensión humana del conflicto. Para el cantautor uruguayo Jorge Drexler, cuyas palabras inspiran este texto, “los niños son niños”, “la ideología no pesa tanto como la vida humana” y “no hay un solo fin que justifique cualquier medio”. Aunque estas premisas no provienen de un tratado jurídico, resumen con precisión el espíritu del Derecho Internacional: ninguna decisión administrativa, por más técnica que parezca, puede justificar la exposición deliberada de un ser humano al peligro. Quien firma una orden de deportación no opera únicamente como funcionario público; asume una responsabilidad ética que define, de manera irreversible, el destino de una persona.

La magnitud del fenómeno obliga a analizarlo con rigor. Según el Informe Mundial sobre Desplazamiento Forzado de ACNUR (2022), más de 21 millones de personas en América Latina y el Caribe se encontraban en movilidad humana forzada. Solo en 2021, México registró más de 130.000 solicitudes de asilo, la cifra más alta de su historia, y Costa Rica recibió aproximadamente 53.000. Estas cifras no describen una anomalía coyuntural, sino una transformación estructural: la migración en la región se ha convertido en un mecanismo de supervivencia frente a contextos que combinan pobreza, crisis democráticas, violencia criminal, violencia estatal y efectos agravados del cambio climático.

Las raíces de la huida: Violencia estructural en Centroamérica

La violencia en Centroamérica es particularmente determinante. El Banco Interamericano de Desarrollo señaló que varios departamentos de Honduras y Guatemala registraron tasas de homicidio superiores a 40 por cada 100.000 habitantes, niveles comparables a zonas de conflicto armado (BID, 2022). El crimen organizado, por su parte, no solo amplía su presencia territorial, sino que profundiza su capacidad de intimidación a través de extorsiones, desplazamientos internos y reclutamiento forzado. En El Salvador, aunque la reducción de homicidios entre 2019 y 2022 fue significativa, distintos informes advierten sobre el surgimiento de nuevas formas de violencia estatal, detenciones arbitrarias y persecución selectiva (Human Rights Watch, 2022). En estos contextos, el retorno no es un trámite administrativo: puede significar persecución inmediata o incluso la muerte.

A pesar de la gravedad de este escenario, varios Estados han adoptado medidas que aceleran deportaciones, limitan el acceso a procedimientos de refugio y reducen las evaluaciones individualizadas del riesgo. México, Chile y diversos países del Caribe han incrementado las devoluciones en caliente, realizadas sin entrevistas ni análisis de protección. Estas prácticas son abiertamente contrarias al artículo 22.8 de la Convención Americana y al artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, ambos pilares del principio de no devolución. El derecho es claro, pero la voluntad política no siempre lo es.

El problema excede el ámbito jurídico y se ubica también en el terreno político. La presión interna, a menudo motivada por discursos de seguridad, agendas electorales o percepciones negativas sobre la migración, ha generado lo que diversas organizaciones describen como la ficción del retorno seguro. En 2021, México firmó acuerdos de cooperación para agilizar deportaciones basados en criterios amplios y poco transparentes de “seguridad nacional”. Costa Rica, pese a su reconocida tradición humanitaria, enfrenta desde 2021 un rezago administrativo significativo debido al aumento de solicitudes de asilo, lo que a su vez afecta la capacidad estatal de realizar evaluaciones ágiles y efectivas del riesgo (Defensoría de los Habitantes, 2022). Panamá, por su parte, advirtió que más de 248.000 personas cruzaron el Tapón del Darién en 2022, en una de las rutas más mortales del mundo (OIM, 2022). Resulta paradójico hablar de retorno seguro cuando ni siquiera se garantiza un tránsito seguro.

La ficción del orden migratorio y las barreras institucionales

La discriminación estructural complica aún más la situación. Según el INEC de Costa Rica, en 2021 casi el 30% de personas migrantes reportó haber experimentado trato discriminatorio en instituciones públicas. En países donde los sistemas sociales están saturados y los recursos son limitados, la discriminación no es solo un problema cultural: se convierte en una barrera que dificulta el acceso a protección internacional, vulnerabiliza a las personas retornadas y limita cualquier posibilidad real de un retorno digno.

El principio de no devolución existe precisamente para evitar que los intereses políticos, económicos o ideológicos se impongan sobre la preservación de la vida. ACNUR lo ha recordado reiteradamente: este principio es inderogable incluso en circunstancias excepcionales como pandemias o crisis de seguridad. No obstante, durante los años posteriores al inicio de la pandemia de COVID-19, diversos países de la región adoptaron restricciones y expulsiones aceleradas bajo argumentos sanitarios, aun cuando la evidencia demostraba que la movilidad humana no era un factor determinante en la propagación del virus (OIM, 2021). Esto revela lo que muchas organizaciones ya han señalado: la gestión migratoria a menudo responde más a cálculos políticos que a evaluaciones reales de riesgo.

Las consecuencias humanas de estas decisiones son devastadoras. Estudios de la OIM muestran que una parte significativa de las personas retornadas a Centroamérica enfrentó amenazas, agresiones o reclutamiento apenas semanas después de su llegada. Algunas fueron asesinadas; otras desaparecieron. Estos datos no suelen figurar en los informes oficiales, pero deberían ser la base de cualquier política pública responsable. Al ignorarlos, los Estados reducen vidas humanas a indicadores de gestión o “casos resueltos”.

La pregunta central emerge con fuerza: ¿Puede un Estado alegar soberanía para justificar que expone deliberadamente a una persona al riesgo de muerte? El Derecho Internacional es categórico: no. Cuando un Estado realiza una devolución que viola el principio de no devolución, incurre en responsabilidad internacional y adquiere obligaciones de reparación y garantías de no repetición. Pero más allá del marco jurídico, existe un imperativo ético aún más profundo: la vida humana no puede subordinarse a lógicas administrativas ni a agendas políticas.

Es en este punto donde las palabras de Drexler resuenan con mayor claridad. Si “los niños son niños”, ningún menor debería ser devuelto a un entorno donde su seguridad esté comprometida. Si “la ideología no pesa tanto como la vida humana”, entonces las decisiones migratorias no pueden justificarse en preferencias políticas o presiones electorales. Y si “no hay un solo fin que justifique cualquier medio”, la deportación no puede seguir siendo tratada como un instrumento automático de control, sino como una decisión extrema que debe aplicarse solo cuando no existe ningún riesgo para la persona involucrada.

Conclusión: Hacia una ética de la hospitalidad en América Latina

América Latina necesita repensar su enfoque migratorio desde una perspectiva ética, sostenible y basada en estándares internacionales. Esto implica invertir en sistemas de asilo ágiles y confiables, garantizar entrevistas individualizadas y con perspectiva de derechos, fortalecer la cooperación regional y crear mecanismos de protección complementaria para quienes no califican como refugiados, pero enfrentan riesgos graves. Requiere también abandonar la noción de que el retorno es una solución universal. Para muchas personas, volver a casa no es un acto voluntario, sino una imposición que vulnera el corazón del Derecho Internacional.

Si la región aspira a tener políticas migratorias responsables, debe comenzar por un acto básico de honestidad: forzar retornos en contextos de violencia, persecución o colapso institucional es incompatible con la dignidad humana. Volver al hogar debería ser un derecho, nunca un castigo. Mientras ese hogar siga siendo un lugar inseguro, los Estados tienen la obligación moral y jurídica de no empujar a nadie hacia él.

Camila Carmona. Costa Rica. Agente de Cambio 2021

Politóloga de la Universidad de Costa Rica y diplomática en formación en la Academia Diplomática Costarricense. Joven apasionada por los proyectos comunitarios de base y el trabajo con comunidades. Ha sido reconocida como líder emergente en espacios internacionales como la Fundación Carolina, CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), Fundación Esquipulas y la Unión Europea. Su motivación es formar una ciudadanía crítica, consciente y sensible, capaz de comprender su entorno, cuestionarlo y transformarlo, impulsando a las juventudes a actuar desde lo local con una visión global para generar cambios reales en sus comunidades.