Costa Rica en tensión: voto, lucha y resistencia

El 1 de febrero de 2026 marcó un nuevo punto de inflexión en la historia política de Costa Rica. Con una participación cercana al 70% del padrón electoral, las personas costarricenses eligieron como nueva presidenta a Laura Fernández, candidata del Partido Pueblo Soberano (PPSO), consolidando un giro hacia la derecha política en el país.

Este artículo explora dos realidades simultáneas: la Costa Rica que votó —movida por temores, demandas sociales y prioridades inmediatas— y la Costa Rica que resiste, representada por movimientos sociales, la izquierda política y sectores críticos que cuestionan el rumbo del país desde una perspectiva progresista.

El electorado costarricense acudió a las urnas en medio de un contexto marcado por desafíos estructurales profundos. La campaña de Fernández se centró en gran medida en su discurso que prometió mano dura y continuidad de políticas de seguridad vinculadas al expresidente Rodrigo Chaves, aprovechando el malestar popular por la percepción de deterioro de la seguridad pública. Este enfoque resonó entre un sector importante del electorado que prioriza la seguridad como condición básica para la vida cotidiana.

No obstante, estos temas no existen en el vacío: la elección refleja también desigualdades estructurales, precarización laboral, brechas en servicios públicos como educación y salud, y frustraciones históricas con respuestas tradicionales de los partidos políticos tradicionales.

Desde una lectura progresista, el voto mayoritario por Fernández con un 48,3 % puede interpretarse como una expresión de la frustración con la política tradicional. Las personas expresaron su desencanto con las fuerzas políticas tradicionales, percibidas como incapaces de responder a las necesidades reales de amplios sectores sociales, especialmente en zonas urbanas populares y sectores rurales marginados.

El foco en seguridad ha eclipsado otras demandas fundamentales: políticas redistributivas, fortalecimiento de derechos laborales, inversión social y modelos alternativos de desarrollo sustentable. La izquierda ha denunciado que esta agenda de “mano dura”, que incluso ha prometido la suspensión de libertades fundamentales, puede socavar derechos civiles sin abordar las causas socioeconómicas profundas de la violencia.

Para muchas personas votantes, el deseo de un cambio palpable frente a la inseguridad puede justificar apoyos a propuestas autoritarias o punitivas, aun cuando éstas carezcan de una visión estructural de justicia social y derechos humanos.

Respuesta de los movimientos progresistas

Sectores progresistas advierten sobre riesgos de concentración de poder y debilitamiento de contrapesos institucionales si se emprenden reformas que erosionen la independencia judicial o amplíen poderes ejecutivos sin salvaguardas.

La izquierda ha insistido en que la seguridad no se logra sólo con medidas represivas, sino con políticas públicas integrales que aborden desigualdad, exclusión económica, educación, salud y desarrollo comunitario. Esto implica replantear el enfoque tradicional de seguridad desde una perspectiva de derechos humanos.

Organizaciones sociales y grupos progresistas han criticado propuestas inspiradas en modelos como el de El Salvador, señalando que políticas autoritarias pueden socavar libertades sin resolver las causas estructurales del crimen organizado.

Resistencia en una sociedad dividida

La elección de Fernández revela tensiones profundas en la sociedad costarricense en donde representa a una gran cantidad de costarricenses que confía en el movimiento derechista en una Costa Rica.

Es crucial destacar que resistencia no se traduce únicamente en oposición electoral, sino en creación de espacios alternativos de participación, organización comunitaria y propuestas políticas propias que construyan poder popular y democracias más robustas.

La Costa Rica que votó y la Costa Rica que resiste representan dos dimensiones de una misma sociedad: una que expresa demandas inmediatas de seguridad y bienestar, y otra que plantea la necesidad de construir respuestas estructurales que garanticen justicia social, equidad y democracia participativa.

Este momento histórico exige no solo análisis críticos, sino también propuestas audaces desde los partidos políticos y los movimientos sociales para contribuir a un diálogo nacional que trascienda la polarización y avance hacia un proyecto de país basado en derechos, dignidad y bienestar colectivo.