El rol de las juventudes para la transformación democrática en Honduras

Aunque el gobierno de Xiomara Castro rompe con el bipartidismo histórico, las estructuras corruptas y patriarcales instaladas en el ejercicio del poder público por los partidos tradicionales siguen vigentes y exigen nuevos desafíos políticos, éticos y técnicos que las juventudes deben asumir en la disputa del proyecto refundacional. 

¿Qué momentos entre 2009 y 2021 explican, de forma general, el papel de las juventudes en esta coyuntura crítica? ¿Qué reflexiones pueden generarse sobre estos escenarios en relación con la juventud?

La ruptura de orden constitucional y democrático (2009-2013)

El golpe militar de Estado de 2009, dirigido contra el gobierno del presidente Manuel Zelaya Rosales (2006-2009), abrió un periodo de ruptura constitucional y ascenso de fuerzas autoritarias en el control de las instituciones y los recursos públicos. A partir de este momento, se consolidó una avanzada autoritaria que fue capturando de forma acelerada el Estado y creando un modelo de apropiación criminal y extractiva de territorios, recursos públicos y bienes comunes.

Tras el golpe de Estado se despierta un proceso de organización y resistencia popular, derivando en la conformación del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) que lideró las movilizaciones contra el golpe y el posterior periodo de degradación del estado de derecho, conformándose el Partido Libertad y Refundación (LIBRE) entre 2010 y 2011. 

En 2011, el Congreso Nacional  aprobó la Ley Especial de Consejo de Seguridad y Defensa, instancia que rompió el orden constitucional alrededor de la división de poderes del Estado. Este mismo año surgió el proyecto de desterritorialización denominado Ciudades Modelos o Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDE) tras un evento empresarial en la ciudad de San Pedro Sula (Honduras is Open for Business). 

El 12 de diciembre de 2012 el Congreso Nacional realizó un golpe técnico contra la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Este hecho marcó un precedente en la arquitectura de la dictadura cívico militar  diseñada por Juan Hernández; primero, como titular del Poder Legislativo, y luego, como presidente.

Las elecciones generales de 2013 fueron  las primeras a las que se presentó el Partido LIBRE —siendo Xiomara Castro su candidata presidencial— con el bipartidismo histórico. En estas se consumó un fraude electoral que permitió a  Juan Hernández, candidato del Partido Nacional, ser nombrado como nuevo presidente (2014-2018).

Consolidación de la dictadura cívico militar (2014-2017)

Tras su investidura como presidente, Hernández comienza a establecer un régimen autoritario. Él  hizo uso del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa para acelerar  el control de los poderes del Estado; extendiéndose los marcos de actuación que fortalecieron el poder militar y paramilitar en el espacio público.

En este período se profundizaron las políticas de privatización y tercerización de servicios públicos, como la seguridad social, salud y educación. También, se recrudeció la persecución selectiva, judicial y extrajudicial contra personas defensoras de derechos humanos.

Entre el 2014 y 2015  salió a luz pública un escándalo de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), representando una pérdida de 158 millones de lempiras (alrededor de $6,4 millones de dólares). Este caso generó gran indignación colectiva, motivando un ciclo de movilizaciones ciudadanas y populares donde distintas expresiones de juventudes fueron protagonistas de acciones en calles y comunidades, exigiendo justicia para la víctimas del latrocinio y la instalación de una Comisión Interamericana contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).

El 02 de marzo de 2016 fue asesinada Berta Cáceres en la ciudad de La Esperanza, Intibucá. Este hecho reveló una trama compleja entre funcionarios públicos, empresarios, fuerzas militares, paramilitares, entre otros, que conspiraron el asesinato de la luchadora social, para detener la resistencia contra el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca (PHAZ), instalado en comunidades indígenas.

Este periodo fue crucial para consolidar un régimen de captura de la institucionalidad pública, estableciendo actividades del crimen organizado y el narcotráfico alrededor del Estado. En 2017, las fuerzas de oposición consolidaron una coalición para enfrentar la candidatura ilegal de Hernández en las elecciones  generales de ese año (después de que la Sala Constitucional, controlada por su figura desde el 2011, emitiera un fallo a favor de su reelección).

Desgaste de la narcodictadura (2018-2021)

Este periodo trajo consigo la intensificación de los mecanismos de persecución y control dirigiendo acciones cada vez más violentas y represivas ante cualquier expresión del evidente descontento ciudadano, ejemplo de ello, las masivas jornadas de protesta durante el mes de mayo del año 2019 que atendieron a las convocatorias emitidas por dos de los sectores (salud y educación) más asaltados por las dinámicas mercantilistas y por las grandes expresiones de la narcopolítica que gobernaba a Honduras. 

El inminente fracaso de un modelo de gobernanza déspota e insostenible, condujo a la dictadura a la creación de distintas normativas que funcionasen como salvoconductos jurídicos para blindar de legalidad todos los delitos que llevaron a un estado de putrefacción a la institucionalidad pública. Prueba de ello, es el nuevo Código Penal de Honduras, que reduce penas por delitos de corrupción, cuarta la libertad expresión y  criminaliza el legítimo derecho a la protesta social. 

A su vez, en esta etapa, la dictadura dirigida por Hernández, desinstala los mecanismos exigidos por la población en las múltiples llamadas de auxilio a la comunidad internacional, mismos que acompañaron procesos de persecución de delitos cometidos en contra de la administración pública. En enero del año 2020 el titular del poder ejecutivo, Juan Orlando Hernandez, decidió no renovar el convenio de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH),  lo cual permitió que se acrecentara de manera ostensible atentados a las arcas públicas con políticas cada vez más permisivas a actos de corrupción y abuso de autoridad. 

El triunfo electoral de la alianza de oposición liderada por Castro en las elecciones generales de 2021, responde a los procesos de organización popular que se generaron en los últimos 12 años, las reformas fundamentales al sistema electoral permitieron el desarrollo de elecciones altamente participativas. Las juventudes representaron un papel protagónico en la consolidación de este triunfo, y no solo se volcaron de manera masiva a las urnas. Construyeron, con su activa participación en la promoción y defensa del voto, los primeros cimientos de la transformación democrática en Honduras. 

El papel de las juventudes en esta coyuntura crítica

Los escenarios que exacerbaron las diversas crisis políticas del país consolidaron un frente beligerante que ante las injusticias y abusos de poder, lograron instalar discusiones, posicionamientos y estrategias que tuvieran cabida en la disputa de lo público. 

El proceso político que se apertura con el Golpe de Estado en 2009 tiene un efecto directo en los procesos organizativos y de experiencia política de esta generación;  la cual entendió, en un primer momento —de manera empírica y experimental— conceptos complejos de las expresiones de poder, y que, en un segundo momento se vio obligada y expuesta de manera acelerada a la profundización y tecnificación de saberes que les permitieron mantenerse vigentes y ser protagonistas en las discusiones de país que se aperturaron mediante las plataformas de lucha, partidos políticos de posición y  movimientos sociales.

El gobierno de la presidenta Xiomara Castro alecciona a las estructuras tradicionales y conservadoras de poder con la delegación de tareas fundamentales a esta generación en el proceso de transformación democrática en Honduras. Esto representa para esta generación, en primer lugar, el reto de dar cumplimiento a cabalidad las funciones y responsabilidades enmarcadas en procedimientos administrativos que blinden y den seguridad a cada paso que se dé para la consolidación del proyecto refundacional. Pero, sobre todo, representa un desafío ético de construir un modelo de gobernanza que logre trasladar las apuestas políticas construidas en los espacios de manifestación de poder popular a la gestión de lo público.