¿Qué acciones pueden tomar las juventudes hondureñas para la ratificación del Acuerdo de Escazú en Honduras? Evel Carolina García nos explica.
El Acuerdo de Escazú aparece en un contexto latinoamericano en donde se presentaba la necesidad de un instrumento regional que aportara a la gobernanza ambiental, la participación e involucramiento de la sociedad en lo que respecta a derechos ambientales, así como la protección hacia los líderes y defensores ambientales quienes han experimentado violencia y ataques sistemáticos tanto por fuerzas estatales como crimen organizado (1).
Al tomar como base la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo del año 1992 (2), se decidió iniciar con la negociación y elaboración de un acuerdo regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe - mejor conocido como el Acuerdo de Escazú (3). Actualmente el acuerdo ha sido firmado por 24 países, de los cuales solo 12 lo han ratificado (4).
Lamentablemente, Honduras se encuentra entre los países que no han firmado ni ratificado el acuerdo de Escazú (5), a pesar de las cifras preocupantes que Global Witness presentó en su informe del año 2020. Dicho informe mencionaba que, desde 2019, se han registrado 212 asesinatos hacia defensores de la tierra, señalando a Honduras entre los países con los índices más altos de asesinatos contra defensores ambientales (6).
La situación socioambiental que vive Honduras hoy en día es bastante crítica, especialmente con la puesta en marcha de las zonas de empleo y desarrollo económico ZEDES, por sus siglas en español. A través de estas se agudizará la situación de extractivismo y despojo de las comunidades, así como el desplazamiento de los pueblos indígenas y afrodescendientes de sus territorios ancestrales (7).
Uno de los principales problemas son el otorgamiento de licencias ambientales sin la debida consulta a las comunidades o la observancia de los requisitos previstos por la ley (8). Esto violenta el derecho a la consulta previa, libre e informada, pues en muchas ocasiones estas concesiones se han obtenido a base de engaños, prometiendo a la población fuentes de empleo, proyectos escolares, alimenticios, entre otros (9).
Asimismo, la falta de acceso a la información sobre estos proyectos extractivos ocasiona que la ciudadanía no pueda socializar estos planes, pues muchos de ellos han sido aprobados bajo una completa reserva. Un ejemplo de esto es el proyecto habitacional “Bosques de Santa María” del cual no se tiene acceso a documentos como permisos ambientales, de operación o ejecución, generando dudas sobre la legalidad del proyecto (10).
En el caso de la justicia ambiental, se ha podido observar la ineficiencia de los órganos judiciales al momento de realizar las investigaciones respectivas de los proyectos que están siendo ejecutados sin el cumplimiento de los requisitos de ley (11).
Parece ser que, en Honduras, la justicia actúa al revés. Se criminaliza y judicializa a los defensores que alzan su voz y luchan debido a las consecuencias directas que sufren diariamente ellos y sus familias por las actividades de estas empresas, mientras quienes contaminan nuestras fuentes hídricas, amenazan y destruyen nuestro ecosistema siguen en libertad.
Por lo tanto, la oportunidad de obtener justicia ambiental proporciona un sentimiento de alivio y esperanza para las comunidades que se han visto despojadas de sus territorios en los últimos años y quienes han sufrido graves consecuencias en su salud física a causa de la contaminación.
Para realizar una incidencia efectiva desde la juventud hondureña es necesario tener en cuenta seis elementos:
La creación de campañas informativas sobre el Acuerdo de Escazú: es importante comunicar el contenido y disposiciones del Acuerdo de Escazú a la sociedad con el propósito de que las personas puedan tener un conocimiento previo que los motive a involucrarse.
Estructuración de redes: la conformación de una red juvenil que surja desde la diversidad de luchas y realidades con el objetivo de generar propuestas, mayor presión e incidencia hacia los gobiernos (12).
Identificación de actores y aliados: la creación de un mapa de actores y aliados contribuye a identificar las redes, organizaciones internacionales, miembros del congreso nacional y personajes políticos relevantes que pueden ayudar a reforzar las labores de incidencia (13).
Creación de un plan de incidencia política y mediática: los planes de incidencia permiten ejercer mayor presión hacia los Estados respecto a la implementación de los instrumentos internacionales. Estos planes pueden ser comunicados a través de las redes sociales y medios de comunicación regulares como radio, televisión y prensa escrita (14).
Socialización de los planes de incidencia: es importante adoptar una perspectiva interseccional cuando hablamos de la socialización de los planes de incidencia, a través de la integración dentro de los mismos a sectores de la sociedad que han sido marginalizados o excluidos en el pasado como: mujeres (15), comunidades rurales, juventud en condición de pobreza, pueblos indígenas y afrodescendientes (16).
Evidenciar la problemática extractiva actual: realizar un recorrido visibilizando los conflictos ambientales que están afectando el país hoy en día (17).
Estos son algunos de los principales beneficios para Honduras, sí se logra la firma y ratificación del Acuerdo de Escazú:
Creación de Tribunales Ambientales.
Promoción de la educación ambiental en el sistema educativo.
Establecer obligaciones hacia el Estado respecto a la investigación y judicialización de quienes atentan contra la vida de los defensores ambientales.
Estimular la participación pública para que la sociedad pueda participar en la toma de decisiones relacionadas al medio ambiente, entre otros (18).
“Mientras el capitalismo y el extractivismo sigan imperando como los modelos de desarrollo predominantes en Latinoamérica, pero particularmente en Honduras, poco a poco observaremos la pérdida de nuestra biodiversidad y recursos naturales, hasta llegar a un punto en donde no habrá retorno, entonces cuando la sociedad se anime a hacer algo, será demasiado tarde”.
Por Evel Carolina García Flores. Agente de Cambio 2021. Abogada y defensora de derechos humanos.
Amelia Arreguín Prado. Cambio Climático, Energía y Medio Ambiente: El Acuerdo de Escazú y la ciudadanía ambiental de mujeres, jóvenes y pueblos indígenas. Fundación Friedrich Ebert. Marzo de 2021. Pág. 4.
Alianza por la Solidaridad. Acuerdo de Escazú: Defensoras ambientales continúan sin ser protegidas en Latinoamérica. 22 de abril de 2021.
Centro de Estudio para la Democracia CESPAD. Coyuntura desde los territorios. Las ZEDES y los extractivismos: laperfecta fusión parael despojo territorial. 11 dejulio de 2021.
Centro de Estudio para la Democracia CESPAD. Coyuntura desde los territorios. El Acuerdo de Escazú: Oportunidades y retos para las organizaciones socioambientales en Honduras. 1 de septiembre de 2020.
El Pulso. Bosques de Santa María la distopía del desarrollo 12 de septiembre de 2019.
Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras FOSDEH. Acuerdo Escazú: El Tratado Internacional más Importante en los Últimos 20 Años Y ¿Cómo Honduras Puede ser Participe de el? Marzo de 2019. Pág. 58.
Global Witness. Defender el mañana: crisis climática y amenazas contra las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente. Julio de2020.
La República. Jonathan Toro. Cepal y 24 países de la región ratificaron Acuerdo de Escazú para protección de bosques. 23 de abril de 2021.
Radio Progreso. Red Hondureña por Escazú pide que se ratifica Acuerdo ambiental. 21 de septiembre de 2020.
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