La crisis actual de USAC y la defensa de la educación pública superior

¿Qué está pasando con la única universidad pública de Guatemala? Simón y Verónica nos explican por qué la crisis actual de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) tiene repercusiones en la democracia guatemalteca.

La crisis política en la que está inmersa la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) pone en aprietos la legitimidad de sus representaciones dentro del Estado y el futuro de la educación superior en Guatemala como base fundamental para el desarrollo académico y científico. 

Desde el 26 y 27 de abril, 2022 se han reportado acciones anómalas y fraude en el proceso de elección de rector para el  período 2022-2026, lo cual ha favorecido a Walter Ramiro Mazariegos. Esta crisis ventila redes de intereses malévolas; se desarrollan en un contexto de desmantelamiento de instituciones en varios niveles del Estado a partir de la apertura democrática de 1985. 

La USAC con sus 346 años, es la única universidad pública y autónoma del país. Es importante recordar que antes de la época de la represión, era considerada como la mejor entre las mejores. Mucho se debía a sus distinguidas y distinguidos profesionales, por esa particularidad de pensamiento crítico, ese entendimiento de la realidad nacional y su acercamiento y propuestas de solución a los problemas sociales.  

Pero, ¿qué pasó con esa entidad autónoma, por qué ha ido perdiendo esa particularidad tan única y ha llegado a esos niveles de corrupción? ¿Qué ha permitido la pérdida de legitimidad, y hasta cierto punto apatía por parte de las y los estudiantes?  

De cierta forma, se ha regresado a las décadas de represión, donde muchas de aquellas mentes distinguidas fueron asesinadas y exiliadas. Esta es una de las huellas de las dictaduras militares durante el conflicto armado interno que persiste en la actualidad, y la cual logró llevarse a muchas de esas mentes intelectuales, críticas y éticas. 

Un poco de contexto histórico sobre la USAC

Parte de las disputas de cuotas de poder que hoy vemos en tiempo real viene desde la Constitución de 1985, en la cual se le otorga a las universidades y la USAC, principalmente, su influencia para la toma de decisiones de Estado. Ahí inicia el papel que deciden asumir muchos de los rectores, decanos y directores de escuelas, al servicio de las élites tanto políticas como económicas, dejando atrás el fin principal: la educación.  

Derivado de este contexto tan propio de la USAC; ella interviene en cargos importantes dentro del Estado, algo poco común en las universidades públicas de la región latinoamericana; por ello se insertan partidos políticos con intereses particulares a los espacios de toma de decisiones de la institución. Cuando hablamos  ahora de la USAC, es difícil no pensar en corrupción. Las rectorías y decanaturas  ya no responden, en su mayoría, a la calidad educativa, al estudiante  o a la sociedad. Muchos de estos sectores priorizan intereses individuales sobre los académicos, insertándose entre grupos de poder e incluso criminales, que posteriormente les facilitan optar a cargos políticos fuera de la Universidad. 

La USAC interviene en más de una cuarentena de instituciones públicas desde Comisiones de Postulación del sistema de justicia, Ministerio Público (MP), Contraloría General de Cuentas (CGC), Tribunal Supremo Electoral (TSE). También tiene injerencia en la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y otras instituciones. 

Es por esta razón que grupos de interés que apuestan su modus operandi en la criminalidad, corrupción e impunidad, buscan tomar el control. A esto, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) denominó dichos grupos como Redes Políticas Económicas Ilícitas (RPIES). 

Ahora vamos a la actualidad

La  elección del rector  de la USAC para el período 2022-2026, era un punto de oxigenación institucional por la detención del exrector, Murphy Olimpo Paíz,  por negociación ilegal de la conformación de las altas cortes del sistema de justicia. Los hechos que se le imputaron a Murphy Paíz son los mismos que se imputaron al también exrector, Carlos Estuardo Gálvez Barrios; ambos en el caso Comisiones Paralelas 2020, una de las modalidades de actuación de las RPIES que había descubierto la CICIG en 2014.  

La actual crisis que atraviesa la única universidad pública en Guatemala se agrava a partir de la toma de posesión de manera virtual y a escondidas de Walter Ramiro Mazariegos como rector el 1 de julio, 2022. Dicha crisis tiene origen en tres momentos, los cuales han desencadenado otras crisis a su alrededor:

Anulación de cuerpos electorales

La sesión del Consejo Superior Universitario (CSU), donde el ahora exrector, Pablo Ernesto Oliva Soto, con el exsecretario de asuntos jurídicos, Luis Cordón Lucero y el exsecretario general, Gustavo Taracena Gil, tomaron el liderazgo para provocar fraude electoral. Tal acción  favoreció a Mazariegos de la planilla Innova USAC, decano de la Facultad de Humanidades, anulando el 26 de abril  a siete cuerpos electorales que había ganado las planillas de SOSUSAC, quien postuló al abogado Augusto Jordán Rodas Andrade como candidato a rector y Avante USAC, quien a su vez postuló al arquitecto, Carlos Enrique Valladares Cerezo.

Resistencia

En una acción de resistencia ante el fraude electoral iniciada el 26 de abril, estudiantes de la Facultad de Agronomía  tomaron las instalaciones del Museo de la Universidad de San Carlos (MUSAC)  el 27 de abril, para evitar la elección con siete cuerpos electorales excluidos a beneficio de Mazariegos. Mazariegos, además de no cumplir con todos los requisitos legales para ser rector, ha sido señalado de tener vínculos con redes criminales y decano de la Facultad de Humanidades desde hace 12 años. 

Intervenciones

La intervención de la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo que ordenó la elección con 27 cuerpos electorales y no con 35 como lo establece la legislación universitaria en un plazo de cinco días. Dicha resolución fue acatada por el Consejo Superior Universitario (CSU); máxima autoridad en la USAC), sin pedir aclaración ni apelación; propuesto por varios integrantes del mismo CSU,  violentando abiertamente la autonomía universitaria. 

Sin embargo, la ratificación y validación de esta elección fraudulenta se realizó el 14 de mayo, 2022, fuera de los recintos de la Universidad; rompiendo con lo que establecen los reglamentos electorales, además sin la presencia de los 27 cuerpos electorales, sino únicamente con 14 cuerpos. 

Reflexiones finales 

Los hechos ocurridos el 14 de mayo, donde intervinieron  las fuerzas especiales de la Policia Nacional Civil de Guatemala y grupos de choque que reprimieron a la comunidad universitaria, provocó varias acciones. Se han realizado asambleas estudiantiles, interpelaciones de representantes ante el CSU, las cuales desconocen a sus representantes y al virtual rector. 

El estudiantado  ha exigido  renuncias, han convocado y realizado  manifestaciones públicas, a la lucha se han unido otros centros universitarios de los departamentos del país, siempre de la misma USAC. La coyuntura universitaria tiene diferentes implicaciones en la comunidad de la USAC y en la población en general. Dichos eventos demandan una urgente articulación en todos los niveles para desmontar el fraude.

Ahora con la toma virtual del  nuevo rector,  inicia un contexto de criminalización hacia los movimientos estudiantiles, docentes y profesionales, parecido al que enfrentan las autoridades indígenas, dirigentes comunitarios, periodistas y operadores de justicia del pais. Todo esto demuestra una fisura del curso democrático en Guatemala, nos anticipa un escenario paralelo en las próximas elecciones generales de 2023. 

En el ámbito académico, los eventos mencionados significan un desgaste para la comunidad estudiantil porque paraliza la formación académica y  el deterioro de la educación superior. Esto también acelera la privatización de la universidad pública, lo que impediría a la población tener acceso a la educación pública superior y la investigación científica.  En el ámbito político y representación, perdería el control de los espacios de participación como un mandato constitucional que tiene efectos a largo plazo. Así ocurrió con dirigentes estudiantiles asesinados, desaparecidos y exiliados durante la guerra interna.  

Para hacer de la USAC un bastión de la lucha social, académica y profesional, esta lucha debe acuerparse por todos los sectores estudiantiles, profesionales y la población en general. A lo largo de este proceso, es válido plantearse una nueva estructura del gobierno universitario. Es necesario incluir la integración de las escuelas no facultativas y centros regionales a los ámbitos de toma de decisión y acceso a presupuesto equitativo para el desarrollo de sus actividades académicas, investigación y extensión.