La juventud a la defensa de los territorios: el caso de Christopher Castillo y ARCAH

Christopher Castillo es un joven de 26 años de edad, estudiante de la carrera de arquitectura y un defensor de los territorios y del ecosistema. En este momento, se encuentra criminalizado. Él es evidencia de lo que significa vivir en Honduras, país declarado por Global Witness como el lugar más peligroso del planeta. Aquí es probable morir asesinado por protestar contra el expolio de tierra y la destrucción del mundo natural (2017).

Para conocer un ápice de su trayectoria, es necesario pasar por el contexto de su toma de conciencia y posteriormente por la trayectoria de la organización de la que forma parte en el presente, así como las luchas a las cuales se ha integrado y emprendido. 

Era el año 2016. A sus 21 años recién iniciando su vida universitaria en tiempos de agitación estudiantil, que se resumen con la caída de rectores de dos universidades públicas, la movilización de ese entonces fue cotidiana, en sus palabras:

El primer contacto social que hubo fue en la universidad, con el movimiento estudiantil universitario, con todo el conglomerado de lucha de mi carrera, de mi facultad, de la universidad y también cuando me inscribí en el programa agentes de cambio de la FES, ahí tuve bastante contacto con personas que tenían una trayectoria importante, jóvenes muy destacados, emblemáticos de la lucha social en Honduras (Entrevista a Castillo, Alvarado, 2021).

Dos hechos fundamentales que marcaron su vida cronológicamente fueron el asesinato de Berta Cáceres en marzo 2016, que resonó tanto en su interior como en el mundo. Que por cierto, los hechores intelectuales siguen bajo el manto de la impunidad. Otro momento importante es su participación en el diplomado de formación política Agente de Cambio de la FES 2017.

El diplomado fue más que un espacio para estudiar y conocer la realidad nacional. El encuentro con otros jóvenes de diferentes géneros, edades, orígenes sirvió para compartir distintas luchas sociales, estudiantiles, comunales, indígenas, ambientales y territoriales en diferentes regiones del país. 

Este proceso de encuentro, diálogo y formación contribuyó a germinar una idea de organización juvenil. Comenzó a reunir a compañeros y compañeras en un núcleo embrionario integrado por Lenin Martínez, Wendy García del departamento de La Paz y Líli Martínez del Comité de Familiares Desaparecidos de Honduras (COFADEH).

Posteriormente, en diciembre de 2018, nace la organización denominada Alternativa Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH). Su colectivo inicial fue compuesto por Donaldo España, Luis Sandoval, Fernando Zelaya, Silvia Amador, Misael Martínez, Mariela Baquedano, Rochely Chavarría. Ellos formaban un grupo juvenil interdisciplinario que combinaba biología, derecho, salud, economía, contabilidad, con una fuerte dosis de entusiasmo y compromiso.

Tras la fundación de ARCAH, los primeros contactos en la capital de Honduras Tegucigalpa fueron con organizaciones sociales de trayectoria en las luchas populares, entre ellos, los colegios magisteriales COPEMH, sindicales STYBYS, étnico garífuna OFRANEH, indigena COPINH, Territoriales el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, defensoras derechos humanos ACI PARTICIPA, SIPRODEH y de investigación comprometida Equipo de Reflexión e Investigación Comunicación Jesuita. “En realidad es una lista larga, porque precisamente iniciamos apoyando luchas, entonces ahí tuvimos mucha construcción, de intimar con las organizaciones y la militancia. (Entrevista a Castillo, Alvarado, 2021)”.

Así, la organización se integró a distintas plataformas como la Mesa de Derechos Humanos y Convergencia Contra El Continuismo. Christopher llegó a ser el coordinador  departamental y luego nacional en 2019, logros que se deben al reconocimiento del activismo y el apoyo de la juventud organizada. 

El trabajo de ARCAH y la integración a las luchas territoriales iniciales se centraron en el río Jalan, villa de San Antonio, en Armenta, en San Pedro Sula Cortés, Puerto Cortés, en Francisco Morazán, también nos acompañaron la lucha de Reitoca y Guapinol.

En la capital, ARCAH participó en temas álgidos, de gran impacto, sus denuncias constantes en relación a las Zonas Especiales de Empleo y Desarrollo, que son equivalentes a la fragmentación y venta del territorio y de la soberanía de forma absoluta. Otra lucha “titánica”, fue y es, el proyecto residencial Condado Santa María. Este consiste en 2600 viviendas en cuatro etapas, las cuales se encuentran en la zona de amortiguamiento del primer parque nacional de Honduras, La Tigra (Decreto No. 976 de 1981).

El bosque nublado de 128 millas cuadradas, La Tigra, cubre aproximadamente el 30% de las necesidades de agua de la ciudad. Por consiguiente, la conservación y preservación de su potencial hidrológico y territorial es relevante para la vida urbana. Esto, sin dejar por fuera toda la riqueza de flora y fauna de esta reserva natural, donde se encuentran aún quetzales y pumas.

La lucha por la defensa de La Tigra caló en la ciudadanía y mostró el lado oscuro tanto del principal funcionario de la ciudad de Tegucigalpa como de la articulación del capital nacional e internacional en Honduras:

El señor Nasry Asfura Zablah, actual alcalde y candidato presidencial y el señor Guy de Pierrefeu que es pues parte del conglomerado de Midence Soto Pierrefeu, que es un consorcio de 24 empresas transnacionales de mucho poder en Honduras, (otra) transnacional de construcción guatemalteca y una de Miami, Florida que es la Milton Group que hace todo el plan urbanístico y ya tenían proyectos en Roatán, (Entrevista a Castillo, Alvarado, 2021).

Así la participación de políticos tradicionales, empresarios y transnacionales, quedaron expuestos públicamente, con evidencia, y por otra parte, el silencio cómplice de la institucionalidad ambiental del país. Actualmente la construcción está suspendida, gracias al esfuerzo conjunto de juntas de agua, organizaciones comunitarias y periodismo independiente. Sin embargo, sigue latente la expropiación territorial a las 61 comunidades de la Tigra, donde existen 81 permisos de construcción al interior del parque, entre ellos Condado Santa María.

La defensa del Parque Nacional La Tigra interseca con la lucha por el agua como un derecho, premisa que ha causado un gran impacto entre sus detractores. Es más, la Alcaldía decidió invertir en inmensos rótulos y toda una campaña publicitaria con el mensaje “‘Te están engañando y mintiendo, el agua no se privatiza’, atentamente la Unidad Municipal de Agua”.

El 28 de enero de 2021, la Alcaldía creó los equipos técnicos de las unidades manejadoras de agua potable y saneamiento que darán continuidad al proceso de privatización que inició con el desmantelamiento de la empresa estatal bajo la Ley Marco de Agua y Saneamiento (2003), aprobada a pesar de a una fuerte protesta social.

Otra lucha importante que ha sostenido Christopher como militante de ARCAH fue contra la contaminación del Río Choluteca, realizada por una empresa perteneciente a una de las tres asociaciones avícolas industriales más grandes de Honduras. Hablamos de la Empresa Avícola El Cortijo, la cual afecta la salud colectiva de las comunidades Mimbre, Yaguacire, Aldea Loarque y Puente Alto en la ciudad de Tegucigalpa. 

Es fundamental mencionar que el crecimiento del trabajo de acompañamiento de ARCAH cubre 40 comunidades, en 10 departamentos de Honduras. Lamentablemente, los esfuerzos de la organización por la defensa de los territorios, las comunidades, el ecosistema y el agua, ha valido para la violencia y criminalización de siete personas integrantes de la organización.

Christopher Castillo, en particular, enfrenta la intervención de su teléfono móvil, vigilancia y persecución automovilística, desprestigio en las redes sociales y medios de comunicación, mensajes y llamadas de amenaza de muerte por parte de militares. Su pecado es ser un rostro público, estar en la primera línea, estar en contra de las causas e impactos del colapso climático, defensor de los derechos humanos y de los territorios, por lo que su criminalización está al día con acusaciones falsas. En sus palabras:

Me cayó (2019) un proceso judicial que me obligó a irme, no del país, pero sí movilizarme internamente y yo tuve que renunciar a la coordinación (Convergencia Contra El Continuismo), incluso de ARCAH porque no podía hacer nada, me acusaron de quemar la alcaldía de Danlí, me acusaron de quemar Burger King, eran 13 delitos, son 13 delitos que todavía están pendientes (Entrevista a Castillo, Alvarado, 2021).

Dicha criminalización ha sido denunciada por 140 organizaciones nacionales e internacionales y han existido expresiones de solidaridad en más de veinte países del mundo. Comenta Christopher que el acompañamiento legal lo realiza un colectivo de abogados, dos independientes y el Bufete Justicia de los Pueblos entre los que destacan Kenia Oliva, Edi Tabora y Carlos Jimenez.

A pesar de vivir en carne propia procesos de pretenden limitar su accionar y trabajo en defensa del planeta y la vida, Christopher manifestó con gran convicción los grandes retos que la juventud debe afrontar: el adultocentrismo, urbanocentrismo, la indiferencia, los distractores del entretenimiento y la construcción de poder popular. En sus palabras:

Apostar a nuevas ideas de organización, a nuevas formas de construir poder colectivo, intergeneracional, nuevos pensamientos para la resistencia de Honduras... creo que si tenemos muchísima capacidad de construir nuevas formas de poder, creer en nosotros y nosotras mismas, apostar a algo diferente y creo que esa invitación es constante no solamente desde el discurso, sino desde la práctica en ARCAH, que es una de las pocas organizaciones en Honduras que rompe esa barrera urbano – rural y rompe esa barrera de que es imposible que la juventud esté en frente de procesos que no sean estudiantiles o propios de la juventud, sino que son luchas que han sido lideradas y coordinadas ampliamente, históricamente por personas adultas y que ahora ARCAH rompe ese paradigma y que se establece como un referente nacional de la lucha territorial, ambiental desde las juventudes (Entrevista a Castillo, Alvarado, 2021).

La cárcel, el destierro como refugio y el asesinato son herramientas disponibles para los grupos económicos empresariales y para el capital transnacional, quienes a su vez cuentan con una cooperación total de la institucionalidad (Global Witness, 2017). Estas son herramientas de intimidación y eliminación contra activistas inocentes y sus familiares, amigos y compañeros en un contexto post golpe de Estado (2009). 

Dichas prácticas se han vuelto comunes con la radicalización de las políticas públicas extractivistas, que avizoran como único camino del desarrollo de Honduras, la venta de los recursos naturales sin ningún tipo de restricción y conciencia. Por lo tanto, la respuesta contra la violencia y criminalización debe ser requiere de solidaridad y acompañamiento, tanto desde esferas nacionales como internacionales.

El compromiso de la organización Alternativa Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH) y de Christopher Castillo, mantiene su vigencia, por lo que continuarán en la defensa del planeta y los derechos humanos.