América Latina: La región donde defender el ambiente cuesta la vida

La violencia contra las personas defensoras de derechos humanos continúa en aumento a nivel global, con un impacto particularmente alarmante en América Latina. Según el Análisis Global de la organización Front Line Defenders, la región concentró el 79,3% de los asesinatos documentados en 2024, con un incremento del 9% respecto al año anterior. 

El informe señala que el 2024 estuvo marcado por respuestas estatales violentas frente a conflictos socioambientales y territoriales, represión sistemática de la protesta social e incremento de la militarización en varios países. Una parte significativa de las violaciones a los derechos humanos se vincula con la defensa de los territorios, la tierra y el ambiente, afectando gravemente a quienes luchan por proteger bienes comunes frente a proyectos extractivos y otras formas de despojo.

Mapa de algunos asesinatos de defensores de derechos humanos en el mundo

Colombia se mantuvo, por séptimo año consecutivo, como el país más letal para personas defensoras, con 157 de los 324 asesinatos registrados en 32 países. Le siguen México con 32 casos, Guatemala con 29, y Brasil con 15 —este último superado por Palestina, que registró 22 asesinatos. Otros países latinoamericanos también reportaron cifras preocupantes: Perú (9), Honduras (5), Nicaragua (4), Ecuador (4), y Cuba, El Salvador y Venezuela, con un caso cada uno, según Front Line Defenders.

Gráfico de asesinatos de defensores de derechos humanos en Latinoamérica

Violencia socioambiental: Personas indígenas, campesinas y defensoras del territorio y la naturaleza en la mira 

 El informe de Front Line Defenders revela que las áreas de derechos humanos más afectadas en América Latina durante 2024 fueron los derechos de los pueblos indígenas (23%), los derechos sobre la tierra (11,7%), los derechos de las mujeres (9,3%), los derechos ambientales (8,9%) y los de las comunidades campesinas (8,1%). Estas cifras no solo evidencian la persistencia de violaciones sistemáticas, sino también el perfil de quienes hoy están en la primera línea de defensa de la vida y el territorio en la región.

No es casualidad que estas poblaciones sean las más afectadas: suelen ser quienes se oponen frontalmente a los proyectos extractivos que se expanden por la región. Minería, represas, monocultivos de exportación, industria maderera, megaproyectos turísticos y ganadería extensiva son algunas de las actividades que se imponen con el respaldo —o la omisión— de los Estados.

Este avance del extractivismo termina por consolidar lo que Lerner (2010) denomina zonas de sacrificio: territorios y dinámicas sociales configuradas desde la lógica del poder empresarial y estatal, orientadas a maximizar ganancias económicas a través de actividades extractivas o productivas, a costa del sacrificio de comunidades y ecosistemas. Estas zonas, generalmente, están habitadas por poblaciones empobrecidas, racializadas y estructuralmente vulneradas. 

Acallar para despojar: Estrategias para desactivar la resistencia

Se configura así un contexto marcado por la represión estatal frente a las protestas y movilizaciones que denuncian la degradación ambiental y el despojo territorial. En paralelo, se profundiza una crisis de criminalización y judicialización que busca deslegitimar las luchas sociales, obstaculizar el acceso a la justicia y sembrar el miedo entre personas defensoras y comunidades organizadas.

En este entramado, confluyen actores económicos y políticos —empresas extractivas, agroindustriales y sectores terratenientes— que recurren a múltiples estrategias para neutralizar la resistencia: desde acusaciones de usurpación o daño a la propiedad privada, hasta procesos judiciales prolongados y campañas mediáticas que distorsionan o desacreditan las voces defensoras. Estas formas de violencia no son aleatorias: son funcionales a un modelo de acumulación por despojo que avanza sobre los territorios a cualquier costo.

Por otro lado, las amenazas de muerte, las desapariciones forzadas y los asesinatos se han convertido en expresiones recurrentes del recrudecimiento de la violencia socioambiental. A esto se suma el miedo profundo que impide la denuncia: muchas de estas agresiones no llegan a instancias judiciales porque las comunidades, las personas defensoras y hasta los medios de comunicación son forzados a guardar silencio. Sus voces son acalladas antes de poder ser escuchadas, y sus historias de resistencia quedan fuera del ojo público.

La impunidad es la norma. Los casos en los que se logra exigir responsabilidades a los perpetradores son escasos, y en muchas ocasiones las familias ni siquiera sienten condiciones mínimas de seguridad para denunciar. Así, la verdad es sistemáticamente enterrada en contextos marcados por la corrupción, el debilitamiento institucional y el cierre progresivo de los espacios cívicos, explica Global Witness. 

El caso centroamericano: ¿Dónde queda Costa Rica?

 En Centroamérica, la violencia contra quienes defienden la tierra y la naturaleza persiste, principalmente por la amenaza de las industrias extractivas como la industria agrícola y la minería. Estas actividades han fragmentado ecosistemas y afectado en mayor medida a pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, según Global Witness. Guatemala, Honduras y Nicaragua figuran entre los países más peligrosos para estas luchas.

 En Guatemala, la crisis es alarmante: 29 defensores fueron asesinados en 2024, la cifra más alta registrada en el país según una consulta realizada por Mongaby a la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA). De ellos, 21 defendían la tierra, la naturaleza y derechos indígenas. Además, comunidades como Dos Fuentes y Verapaces sufren criminalización masiva, con más de 300 y 1.000 órdenes de captura respectivamente, de acuerdo con Front Line Defenders.

En Honduras, aunque en 2024 se registraron cinco asesinatos, la violencia mantiene un patrón de largo plazo. En 2023 hubo 19 casos, 18 de ellos vinculados a la defensa socioambiental, superando las 14 víctimas de 2022. Entre los retos están la falta de protección estatal, la militarización y el avance de nuevos extractivismos ligados a energías renovables, como las represas en territorios indígenas.

En el caso de Nicaragua, se registraron cuatro defensores asesinados; sin embargo, desde abril de 2018 el país vive bajo un régimen de represión sistemática encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Esta política autoritaria ha golpeado con fuerza a diversos sectores, incluido el ambientalista. Actualmente, Nicaragua carece de organizaciones ambientales independientes, y muchos defensores han debido continuar su labor desde el exilio, principalmente en Costa Rica.

En Costa Rica, entre 1970 y 2020, trece personas fueron asesinadas por defender sus territorios y la naturaleza. La cifra asciende a veintisiete cuando se incluyen los homicidios vinculados a disputas territoriales, siendo las poblaciones campesinas e indígenas las más afectadas. 

Asesinatos de defensores de la naturaleza y el territorio 1975-2020

Aunque en los últimos años no se han registrado nuevos asesinatos, la violencia persiste. Los casos de los líderes indígenas Yehry Rivera y Sergio Rojas siguen marcando un precedente doloroso. Solo en este año, seis defensores ambientales y cuatro comunidades indígenas han sufrido amenazas de muerte y agresiones por denunciar la tala, deforestación, contaminación de fuentes de agua, cacería ilegal y destrucción de humedales.

Estos hechos reflejan el recrudecimiento de la violencia contra quienes defienden la naturaleza y los territorios en América Latina, en un contexto donde el extractivismo se profundiza y las comunidades más vulnerabilizadas resisten su avance. En Costa Rica, esta violencia ha sido en ocasiones tolerada e incluso legitimada por el Estado. Por ello, resulta urgente fortalecer mecanismos como el Acuerdo de Escazú, que garantizan el acceso a la justicia ambiental y la protección de las personas defensoras en los territorios.

 Mientras la defensa de la naturaleza y los territorios siga pagándose con la vida, ningún país podrá llamarse verdaderamente democrático. La justicia ambiental es también justicia social.