El Salvador

El limitado acceso de la población LGBTQ al empleo formal implica a la vez, el hecho de noacceder a la seguridad social y, por tanto, que estas personas y sus familias accedan a la salud únicamente a través de la red de salud pública, que suele tener mayor nivel de saturación. Estos aspectos han sido determinantes para las condiciones en que esta población y sus familias se han enfrentado a la pandemia del COVID-19.

Actualmente en El Salvador ningún marco legal menciona el trabajo sexual expresamente, ni para penalizarlo, ni para reconocerlo como un trabajo legítimo. La falta de reconocimiento de esta actividad como una labor legítima y, el estigma social que recae sobre quienes lo ejercen, limita, entre otras cosas, el acceso pleno a servicios de salud, colocándolas en una situación aún más adversa para hacer frente a la pandemia.

Dado que las trabajadoras sexuales no han sido prioridad para las instituciones públicas vinculadas a la protección social, muchas de ellas se han visto obligadas a seguir laborando, pese al alto riesgo de contagio que implica esta actividad.

Ante la limitada garantía de protección social y cuidados provista desde el Estado en el contexto de la pandemia por COVID-19, muchas personas LGBTQ se vieron obligadas a buscar apoyo en su familia biológica, lo que para muchas personas significó retornar al entorno de violencia del que antes habían huido.

La pobreza, la falta de empleo, el poco acceso a la tierra y las responsabilidades del cuidado, pero a la vez, la relación con el medio ambiente y el sentido de colectividad, llevan a las comunidades y, en ellas, a las mujeres y juventudes organizadas, a impulsar prácticas de producción agroecológicas de autoconsumo, desde una visión feminista y anticapitalista, para la subsistencia de sus familias. En la situación actual de emergencia sanitaria y económica por Covid-19, promover este tipo de prácticas puede ser una vía para generar desarrollo comunitario en la post-pandemia. 

La pobreza, la falta de empleo, el poco acceso a la tierra y las responsabilidades del cuidado, pero a la vez, la relación con el medio ambiente y el sentido de colectividad, llevan a las comunidades y, en ellas, a las mujeres y juventudes organizadas, a impulsar prácticas de producción agroecológicas de autoconsumo, desde una visión feminista y anticapitalista, para la subsistencia de sus familias. En la situación actual de emergencia sanitaria y económica por Covid-19, promover este tipo de prácticas puede ser una vía para generar desarrollo comunitario en la post-pandemia.