Panamá, un país de "ingreso medio-alto" por su buen desempeño macroeconomico, enfrenta un gran desafío: su crecimiento no se traduce equitativamente en oportunidades, servicios ni riqueza para toda su población. Aquí, los rascacielos se construyen más rápido que las escuelas.
El buen desempeño macroeconómico de Panamá le da un estatus de país de «ingreso medio-alto», pero no se refleja en el acceso real a oportunidades, servicios y riquezas en un país donde se construye más rápido un rascacielos que una escuela.
Panamá ha sido denominado el Dubái de Centroamérica , el milagro de un modelo agotado sin desarrollo. Con una población que ronda poco más de cuatro millones de habitantes, ha experimentado un crecimiento económico sustentado en el modelo transitista y extractivista en los últimos 50 años, alcanzando un Producto Interno Bruto de 82 mil 200 millones de dólares según cifras oficiales (Panamá, 2025). Con este desempeño, el país conserva su estatus de «ingreso medio-alto» bajo los parámetros del Banco Mundial. Sin embargo, esa fotografía macroeconómica resulta superficial cuando se analiza el acceso real a oportunidades, servicios y riquezas en un país donde se construye más rápido un rascacielos que una escuela.
La desigualdad estructural sigue siendo una de las heridas más profundas que atraviesan el tejido social panameño. El coeficiente de Gini, utilizado para medir la desigualdad, se sitúa en 48,9 para Panamá, posicionándolo entre los países más desiguales de la región, solo superado por Colombia y Brasil. Esta disparidad social golpea especialmente a los pueblos originarios, mujeres, jóvenes y residentes en áreas rurales y comarcas, perpetuando círculos de exclusión a pesar del aparente desarrollo económico.
Desde la invasión, la democracia panameña ha ondulado entre el presidencialismo fuerte y las políticas neoliberales. Esto ha cocinado a fuego lento un descontento social que lleva décadas. Los gobiernos de centro-derecha han concentrado el poder y favorecido decisiones de élite, dejando de lado la participación ciudadana. La victoria de José Raúl Mulino en mayo de 2024 parece continuar esta tendencia. Esto genera serias preocupaciones sobre la sostenibilidad institucional y la legitimidad de las políticas públicas en Panamá.
Uno de los focos de conflictividad más recientes tiene que ver con la reforma al sistema de seguridad social. La promulgación de la Ley 462: Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS), en marzo de 2025, alteró drásticamente el esquema de pensiones y condiciones del retiro. Esta medida ha generado una ola de protestas lideradas por sindicatos, gremios docentes, estudiantes y comunidades indígenas, quienes denuncian no sólo que los cambios desmantelan principios de solidaridad y justicia social en el sistema previsional, sino también la falta de un proceso democrático de consulta antes de aprobar la norma. La tensión entre un modelo solidario y propuestas de cuentas individuales sigue siendo uno de los debates más polarizadores en el país.
En paralelo, la crisis ambiental y el tema minero han tomado protagonismo, motivando importantes movilizaciones en defensa del territorio y de la naturaleza. El informe "Perspectiva del Medio Ambiente Mundial Panamá 2024" advierte sobre la presión que ejercen los proyectos extractivos, especialmente la minería metálica, sobre los ecosistemas vitales. Aunque la Corte Suprema de Justicia anuló el contrato con la empresa minera Cobre Panamá en 2023, el gobierno de Mulino ha manifestado su interés por reactivar operaciones, sin considerar el rechazo masivo y el precedente judicial de inconstitucionalidad, lo que ha reavivado el descontento social.
Otra fuente de crispación es el acuerdo de cooperación en materia de seguridad firmado entre Panamá y Estados Unidos en 2025. Con este acontecimiento Panamá está en los reflectores globales en medio de una guerra geopolítica y aranceles entre EEUU y China que las personas panameñas de a pie no aprobaron, pese a la narrativa oficial que descarta riesgos para la soberanía nacional, especialistas y organizaciones sociales advierten que este tipo de pactos sientan las bases para la presencia militar extranjera y pueden implicar concesiones peligrosas, especialmente cuando coinciden con discursos foráneos que menosprecian la autonomía panameña sobre el Canal.
El conflicto por la gestión del agua ha escalado en los últimos meses, a raíz del proyecto de un "reservorio multipropósito" en la cuenca del río Indio. Este embalse, propuesto por la Autoridad del Canal de Panamá, pretende asegurar el suministro hídrico y la operación del Canal, pero implicaría el desplazamiento de cientos de familias campesinas y alteraría profundamente el entorno ecológico. La resistencia de estas comunidades ha sido ejemplar, recordando que el desarrollo sostenible debe implicar diálogo y respeto a los derechos y modos de vida locales.
El clima de tensión se agrava ante el aumento de la censura, la manipulación informativa y la criminalización de la protesta social. A través de campañas de desinformación y control mediático, sectores empresariales, aliados gubernamentales y corporaciones extranjeras han intentado deslegitimar la movilización ciudadana. Sin embargo, la sociedad panameña, utilizando las redes sociales y nuevas formas de comunicación comunitaria, ha contrarrestado este cerco mediático, ejerciendo presión y visibilizando los reclamos por justicia y transparencia.
Durante más de dos semanas, el país ha vivido huelgas y paralizaciones, especialmente en los sectores salud y educación, mientras las fuerzas de seguridad han respondido con represión, detenciones y un aumento preocupante en la judicialización de líderes sociales.
A pesar de estos elementos de la coyuntura, vislumbro en la articulación ciudadana y en la defensa de los derechos fundamentales la clave para una recuperación genuina. Panamá enfrenta el dilema de optar por reformas profundas o embarcarse en un proceso constituyente, ambos caminos orientados a una refundación nacional centrada en la justicia social, ambiental y la protección de la soberanía nacional. El futuro está en juego, y el consenso, la transparencia y la participación popular serán la brújula imprescindible para cualquier modelo de desarrollo alternativo posible.
Nota: Las citas del presente artículo son parte de un documento más extenso, un análisis de coyuntura elaborado en un taller con 25 actores sociales en el Módulo de Geopolítica y Agua transfronterizas del Programa Academia del Agua el 1 de junio 2025 de la Fundación Friedrich Ebert Panamá en alianza estratégica con la Red Centroamericana de Jóvenes por el Agua (RJxA-CA) capítulo de Panamá.
Escrito por: Anastacio Rodríguez Zúñiga, Panamá. Economista, Docente Universitario e Investigador senior del Centro de Investigación de la Facultad de Economía (CIFE) Universidad de Panamá.
Vínculación con la FES: Asesor académico e investigador asociado de la Red Centroamericana de jóvenes por el Agua Capítulo de Panamá.
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En el contexto de la Conferencia Centroamericana de Agentes de Cambio 2022, en el caso panameño, surgió la necesidad de indagar en ¿cómo las…
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