Una nueva política para paralizar a los narcoestados

El pasado 26 de junio se conmemoró el Día Internacional de la Lucha Contra el Uso Indebido y el Tráfico de Drogas, declarado así por la Asamblea General de las Naciones Unidas desde 1987. Respecto a este día, dedicamos este artículo de Lúdica Política para hacer mención sobre la necesidad de una nueva política sobre drogas en América Central

En el corazón de América Central está Honduras, un territorio con alrededor de 9 millones de habitantes. Se encuentra entre los Océanos Atlántico y Pacífico, lo cual la hace puente entre el norte y el sur de las Américas. 

Entre las décadas de los setenta y noventa, la necesidad de ubicar rutas más efectivas entre los países productores y consumidores para el tráfico de drogas penetró en Honduras. Es más, a finales de los años ochenta y principios de los noventa, aviones HERCULES C130 llegaban a territorio hondureño cargados de armas para la guerrilla y regresaban a EE.UU. con cargamentos de cocaína (Caso Irán-Contra).

Para ese momento, el narcotráfico ya tenía vinculación con la institucionalidad del Estado. Esto marcaba una simbiosis entre los intereses políticos, económicos y la autoridad estatal de aquel entonces. Sin lugar a duda, las Políticas Prohibicionistas, la falta de voluntad política y los intereses detrás de un mercado ilícito son el motor que mantiene el flagelo del narcotráfico. Sus resultados y consecuencias se reproducen a través de fronteras, pues permiten institucionalizar el narcotráfico y terminar con la vida y salud de sociedades completas.

En Honduras, el narcotráfico penetró tanto fronteras como grupos económicos y políticos. Logró introducirse en la institucionalidad del Estado y llevó los vínculos del narcotráfico hasta posiciones de alto nivel. Un ejemplo es el ex congresista Juan Antonio Hernández, hermano del actual presidente de Honduras, quien el pasado mes de marzo fue sentenciado a cadena perpetua más 30 años de cárcel por delitos de narcotráfico en la Corte de Nueva York.

¿Qué sucede cuando un gobierno utiliza la autoridad, poder y mandato que tiene para doblegar a la ley y atentar contra la independencia de poderes al institucionalizar la práctica de un delito, sin asumir las responsabilidades de sus consecuencias? ¿A qué se exponen sus habitantes y su territorio? 

¿Qué respalda la falacia que criminaliza las drogas pero promueve el comercio ilegal de las mismas desde las estructuras del estado? ¿A quienes afecta y a quienes beneficia? ¿Qué alternativas tienen los pueblos para tener justicia y paz?

La ley sobre uso indebido y tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas prohíbe y penaliza el consumo, tenencia y toda actividad relacionada al tráfico de sustancias psicotrópicas y estupefacientes en cualquier cantidad.  A más de 100 años de una política prohibicionista impuesta desde el Norte, su aplicación no alcanzó las metas por las que fue impulsada. 

La guerra contra el narcotráfico es un fracaso. En el caso particular de Honduras, tras treinta años de una política arcaica y obsoleta, se hace necesaria una nueva política sobre drogas. La tasa de homicidios ha ido en aumento y el tráfico de drogas no ha disminuido. 

Por el contrario, se ha institucionalizado entre sectores económicos y políticos, cercanos a las instituciones de seguridad y al representante del poder ejecutivo. Esto deja todo el peso del castigo a las personas vulnerables, las cuales se ven expuestas a los canales de narcomenudeo por necesidades económicas o de consumo.

Poblaciones vulnerables 

De una población carcelaria con 21,744 privados de libertad (20,552 hombres y 1,192 mujeres), 6,143 están por delitos vinculados con el narcotráfico y alrededor de 13,000 no han recibido sentencia. Actualmente, los jóvenes entre 21 y 30 años de edad son la población más afectada en Honduras. 

En su mayoría, los acusados por tráfico de drogas no son traficantes a gran escala, sino personas dedicadas a la venta de drogas al por menor o narcomenudeo. Además de los pleitos por territorialidad y mercados que conlleva el narcomenudeo, las personas usuarias de sustancias también se ven expuestas directamente a los peligros del mercado illegal por su vinculación con los grupos delictivos. 

Criminalizar a las PUD: Una excusa

La sustancia de mayor consumo en Honduras es la marihuana (24,6%), seguida del alcohol (22,1%), el tabaco (15,6), la cocaína (12,9%) y el crack (10,3%).

El consumo de drogas es visto como un problema que hay que erradicar. En este contexto, la posesión de drogas se define como la tenencia ilícita de sustancias controladas. Para este delito existen penas sustitutivas del encarcelamiento, como multas e internamientos que van desde los 30 días o más. 

Aunque estas penas son alternativas a la privación de la libertad, muchas terminan siendo obligatorias. Muchas fuerzan a las personas usuarias a la abstinencia, con nulo enfoque en la reducción de daños y sin diferenciar entre sustancias en función de consideraciones a la salud.

En Honduras, como en el resto de Centroamérica, el uso de drogas esta visto como un delito asociado a los términos drogadicción y adicción con alto contenido de estigma y discriminación. Por esta razón, las pocas instituciones que tratan a las personas usuarias de sustancias no son eficientes y tampoco una opción para el acercamiento voluntario. 

Al igual que muchos países de Latinoamérica, se vive en la época de la ironía. Aquí, gobiernos completos y su institucionalidad están sumergidos en narcotráfico, pero se dedican a perseguir a los usuarios.   

Despenalizar el uso de drogas, como es el caso de la marihuana, no solo ayudaría a garantizar los derechos de las personas usuarias (PUD), sino además permitiría disminuir la carga penal. También se podría aplicar medidas sobre reducción de riesgos y daños con una visión más integral, tomando experiencias de países vecinos que están actualizando las políticas de drogas para adaptarlas a los cambios y contextos de cada sociedad.

Tales cambios abren paso al derecho a la libre autodeterminación, al libre desarrollo de la personalidad sin menoscabo de los derechos de terceros y a la convivencia integradora de los recursos ambientales. El cannabis, por ejemplo, puede ser usado para promover el desarrollo sostenible de los pueblos, la erradicación de la violencia que la lucha contra las drogas ha dejado y otros logros de gran alcance.

Desde este espacio les invitamos a meditar sobre una nueva política de drogas que regule el mercado ilegal. De tal manera, las ganancias que el tráfico ilegal generían de manos del crimen organizado al ente estatal. 

Una violencia de los mercados ilegales superada por mercados regulados puede sentar las bases de una nueva política sobre drogas. Esto visibilizaría los derechos de las PUD y ayudaría a tratar las drogas con un enfoque en salud y reducción de daños sociales.