Las personas jóvenes en El Salvador son las más afectadas por la desigualdad social. ¿Cuáles son los efectos del juvenicidio en este país?
Las personas jóvenes salvadoreñas son el sector poblacional más afectado por la desigualdad social, los retrocesos institucionales y la agudización de la violencia que trae consigo centenares de asesinatos, desapariciones y migración forzada. En este país, las juventudes no sólo están perdiendo la vida, también la esperanza.
Las juventudes en El Salvador han pasado por diferentes estadios en los últimos 30 años. Las generaciones de la guerra, de la paz, del nuevo milenio, del internet y de cristal. Estos calificativos parcializan, limitan y entorpecen el análisis crítico e integral de las juventudes.
¿Por qué no darles vuelta? ¿Por qué no señalar la responsabilidad generacional de las personas adultas? ¿Por qué no responsabilizarles de los problemas que nos han heredado?
Este artículo evidencia la herencia de las generaciones pasadas y habla del juvenicidio; es decir, del asesinato sistemático de la población joven salvadoreña. Quienes han empezado a estudiar el término, refieren que el juvenicidio inicia con la precarización de la vida, el incremento de la vulnerabilidad económica y social y la disminución de oportunidades para desarrollarse.
El término juvenicidio no es reciente. Han transcurrido más de 10 años desde que se empezó a nombrar en todas sus dimensiones para entender la dinámica a la que se han enfrentado las juventudes latinoamericanas.
José Manuel Valenzuela Arce (2019) introdujo el concepto de juvenicidio, vinculándolo al de feminicidio, con cuatro objetivos: visibilizar la enorme cantidad de personas jóvenes asesinadas en América Latina, identificar los factores que incrementan las posibilidades de que una persona joven sea asesinada, desarrollar propuestas académicas y políticas orientadas a impedir la continuidad de estos asesinatos y masacres e identificar las causas y responsables.
Valenzuela añade que el término de juvenicidio alude a la condición límite en la cual se asesina a sectores o grupos específicos de la población joven:
Los procesos sociales que derivan en la posibilidad de que miles de jóvenes sean asesinados, implica colocar estas muertes en escenarios sociales más amplios que incluyen procesos de precarización económica y social, la estigmatización y construcción de grupos, sectores o identidades juveniles desacreditadas, la banalización del mal o la fractura de los marcos axiológicos junto al descrédito de las instituciones y las figuras emblemáticas de la probidad, la construcción de cuerpos-territorios juveniles como ámbitos privilegiados de la muerte, el narco mundo y el despliegue de corrupción, impunidad, violencia y muerte que le acompaña y la condición cómplice de un Estado adulterado o narcoestado, concepto que alude a la imbricada relación entre fuerzas criminales que actúan dentro y fuera de las instituciones o, para plantearlo de manera más directa, dentro de un imbricado colaboracionismo entre figuras institucionales, empresarios y miembros del crimen organizado.
El doctor German Muñoz González, refiere que, hablar de juvenicidio supone asesinatos –casi siempre atroces y brutales– llamados ejecuciones extrajudiciales, acompañados de “desapariciones forzadas” y múltiples formas de tortura. También, agrega, implica muchas formas de atentar contra la vida de las personas jóvenes: la precariedad laboral, la exclusión, las limitaciones a sus derechos, la prohibición de la movilidad dentro de sus territorios y la abierta represión.
La definición anterior plantea el juvenicidio como la condición límite producida por diversos procesos de precarización y de construcción de identidades estigmatizadas. Las situaciones límites que afectan, interrumpen y desarman el proyecto de vida de las personas jóvenes salvadoreñas están relacionadas con la migración forzada, las desapariciones, las muertes violentas y la precarización cotidiana.
Las migraciones se han incrementado en la última década. Fenómenos como las caravanas en el norte de América Central se volvieron más comunes (Deutsche Welle, 2018). Las causas de ésta han sido ampliamente analizadas y documentadas desde una perspectiva económica, política y social. Las juventudes siguen huyendo de la violencia, las amenazas, la extorsión, el reclutamiento de las pandillas y la falta de oportunidades.
El Salvador ha expulsado a su población joven. Esto evidencia que el Estado no tiene la voluntad política de atacar las causas estructurales de la migración. Una población joven migrante, en otro país, significa la garantía de mantener y aumentar el flujo de remesas que sostienen la economía salvadoreña (Cantizzano, 2022).
Migrar, aunque pareciera ser un proyecto de vida, no es más que el reflejo de la ausencia del Estado para dar respuestas a las necesidades de las juventudes salvadoreñas durante décadas. Las juventudes quieren desarrollar su proyecto de vida en este país, que tanto les impulsa a irse (EL UNIVERSAL, 2021).
Las desapariciones y asesinatos son problemas no resueltos en El Salvador. Los patrones apuntan a una selección específica; la población joven. Respecto a esta problemática, diversos sectores de la sociedad salvadoreña han empezado a cuestionar el papel del Estado debido a su pasividad y actuación; especialmente de las instituciones encargadas de ejecutar los planes de seguridad pública. Éstas, muchas veces, terminan acusando a las víctimas y se genera un estado de impunidad.
La muerte violenta es la moneda de cambio en la dinámica de la necropolítica que ha caracterizado a El Salvador desde hace 10 años, cuando se denunció la relación entre el Estado y los grupos al margen de la ley (El Faro, 2012).
Los datos del Observatorio de Seguridad Ciudadana de las Mujeres y del Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) reflejan que las muertes violentas y las desapariciones siguen siendo significativas y alarmantes en personas de entre 15 y 30 años.
Según el informe del OUDH, El Salvador registró 1211 muertes violentas durante el año 2021, observándose un descenso de 130 víctimas con relación al 2020. Del total, 535 corresponden a personas de entre 18 y 30 años, siendo 88.97% hombres y 11.03% mujeres.
Datos del Instituto de Medicina Legal (IML), citados por el OUDH, refieren que, durante el año 2021 se registraron 135 muertes violentas de salvadoreñas, cuatro más que en 2020, lo cual representa un aumento del 3.0% en los casos de feminicidios. El 43.7% de ellas tenía entre 18 y 30 años.
A lo anterior, se suman las condiciones de vida precarias y las casi nulas oportunidades que poseen las juventudes salvadoreñas para desarrollar sus proyectos de vida, de forma digna. Basta con ver las cifras de 2021 para darse una idea de lo que esto significa. Siete de cada 10 personas jóvenes se encuentran desempleadas (Centro de Investigación Juvenil, 2021).
En los últimos tres años se ha percibido un retroceso significativo del Estado salvadoreño para garantizar los derechos humanos; en especial, de la población joven.
En 2019 se ejecutaron casi 9.4 millones de dólares en la Política Nacional de Juventud. Pero, en 2020, el primer presupuesto de la administración de Bukele, fue reducido casi en un 50% (Majano, 2021)
Sin recursos financieros destinados para el desarrollo de la población joven, la garantía de derechos queda prácticamente en letra muerta. No puede el Estado salvadoreño autodenominarse “Gobierno Joven” cuando ha reducido la asignación presupuestaria para la implementación de la política pública para las juventudes.
El Estado salvadoreño, mediante sus políticas públicas de corte manodurista y la poca inversión social, es responsable por la condición límite en la que se encuentran las juventudes, la cual puede categorizarse como juvenicidio.
El Régimen o Estado de Excepción que se viene implementando desde el 27 de marzo de 2022 ha evidenciado cómo el Estado salvadoreño ha fracasado en sus políticas de seguridad pública, que han tenido como objetivo principal, la represión.
En estos tres meses bajo el Estado de Excepción, el Estado salvadoreño demostró, nuevamente, sus errores y fracasos para con las juventudes. El 61% de las personas detenidas durante este período excepcional tienen entre 18 y 30 años, según el Observatorio Universitario de Derechos Humanos.
En ningún momento, este artículo defiende o promueve delitos o grupos al margen de la ley. Tampoco exhorta al Estado salvadoreño a que no cumpla su rol punitivo mediante el sistema de justicia. Este artículo alerta que el Estado de Excepción implementado por el gobierno de Bukele forma parte de las políticas de seguridad fallidas desarrolladas durante los últimos 20 años, que no han resuelto los problemas estructurales de la población salvadoreña, y particularmente, de las juventudes.
Las decisiones tomadas por generaciones pasadas en los cargos de toma de decisiones dentro del Estado, así como la perpetuación de los problemas estructurales y el desinterés por todos los gobiernos pasados y el presente, nos ha constituido como una población joven que ha heredado un sinfín de problemas y que se le juzga por no asumir el liderazgo para enmendarlos.
El fenómeno del juvenicidio necesita ser explorado a profundidad en el contexto salvadoreño. No se puede visualizar la esperanza cuando el Estado y la sociedad hacen lo posible para seguir llevando al extremo la condición límite que asesina a las personas jóvenes, solo por el hecho de serlo. La sensación que queda es la de una juventud que, siendo descendiente de una generación traumatizada por el conflicto político militar de la década de 1980 y con sus causas estructurales vigentes y más agresivas, no ha tenido tiempo para la esperanza.
Moisés Majano. Agente de Cambio El Salvador.
Cantizzano, I. (16 de Mayo de 2022). El Salvador tiene el mayor peso de remesas en América Latina.
Centro de Investigación Juvenil. (31 de Agosto de 2021). Asociación de Jóvenes Líderes Solidarios y Voluntarios de El Salvador.
CRISTOSAL. (13 de Junio de 2022). CRISTOSAL.
Deutsche Welle. (18 de Noviembre de 2018). Nueva caravana sale de El Salvador rumbo a Estados Unidos.
El Faro. (14 de Marzo de 2012). El Faro.
EL UNIVERSAL. (09 de octubre de 2021). EL UNIVERSAL. Obtenido de EL UNIVERSAL.
Majano, M. (2021). Juventudes salvadoreñas ante la nueva legislatura: necesidades y propuestas desde el progresismo a partir de los resultados electorales 2021. Apuntes. Fundación Friedrich Ebert .
Observatorio Universitario de Derechos Humanos. (2022). Primer Informe sobre las violaciones a derechos humanos cometidas durante el Régimen de Excepción en El Salvador 2022. Antiguo Cuscatlán.
Valenzuela, J. M. (2015). Juvenicidio : Ayotzinapa y las vidas precarias en América Latina y España. Barcelona: NED Ediciones.
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