Juventudes en ciber-defensa de los derechos humanos

Los derechos humanos continúan siendo un territorio en disputa. En la región centroamericana, temas esenciales como el acceso al agua potable generan conflictos y división. 

Histórica y sistemáticamente, todos los días en los países de Centroamérica, los derechos humanos más básicos son vulnerados, incluso bajo la complicidad de algunos gobiernos y élites. Algunos sectores sociales han sobrevivido al margen del reconocimiento pleno de sus garantías y dignidad humana.

Con el apogeo tecnológico y el contexto sanitario global, la lucha por el reconocimiento de los derechos de las personas más vulnerables es ahora una lucha que también se gesta, se transforma, se organiza y se vuelve necesaria en las plataformas virtuales y no sólo en las calles.

Los discursos de odio en las redes

La violencia, reforzada por los discursos de sectores ultraconservadores, neo- pentecostales o de derecha neoliberal ha dado fuerza a narrativas de discriminación y exclusión que proliferan rápidamente en las redes sociales y se viralizan en Internet. De acuerdo con un estudio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los discursos de odio en Costa Rica, del 1 mayo de 2020 al 15 junio de 2021, más de medio millón de publicaciones en redes sociales contenían mensajes discriminatorios. La mayoría de este tipo de publicaciones con violencia directa e indirecta se dirigió a mujeres, personas migrantes y personas de la comunidad LGTBIQA+.

En una sociedad que recién incorpora hábitos de consumo adaptados a la nueva normalidad, las formas de reaccionar y dar contención a esta proliferación de violencia no han sido claras, ni mucho menos consensuadas.

¿Censurar el odio?

El dilema de la regulación en los espacios digitales es un asunto controvertido: ¿se debe regular? ¿Regular qué? ¿Cuándo regular? ¿Por qué hacerlo y bajo qué criterios? y ¿Quién decide esos criterios y determina cuándo un contenido es inapropiado? Sin duda, el asunto es delicado, ya que el poder de regulación permite a quién lo detenta, establecer parámetros sesgados según su propia perspectiva, ideología política o marco referencial de valores. 

Más problemático se torna el asunto si sumamos la posibilidad de que la regulación sea ejercida y fiscalizada por los Estados o por empresas privadas. En ambos casos, tanto los intereses políticos como económicos pueden provocar una tendencia hacia una censura parcializada contra voces disidentes, críticas o subalternas.

Hablar de cualquier forma de regulación de contenidos digitales implica poner en debate el alcance y los límites del ejercicio de la libertad de expresión. Recordemos que la libertad de expresión es clave para la dignidad de las personas: permite el pleno ejercicio de la ciudadanía, el acceso a mecanismos de participación política, el ejercicio ético de un periodismo crítico y la defensa misma de otros derechos humanos mediante el activismo, la organización colectiva y el derecho a la protesta. 

De ahí que, plantear la posibilidad de una regulación de los contenidos que se comparten en las redes sociales puede abrir portillos para socavar el derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Esto afectaría personas individuales como de comunidades geográficas o de sentido, personas que ejercen el oficio periodístico u otras formas de comunicación y personas u organizaciones defensoras de derechos fundamentales.

La defensa de los derechos humanos no debería convertirse en una batalla contra las personas que emiten o difunden las narrativas de odio, mucho menos en una disputa que pretenda silenciar esas voces. Quienes reciben la mayor parte de la violencia que se genera en las redes sociales deben evitar caer en la trampa de convertirse también en perpetradores de violencia al reaccionar desde su herida, su rabia y su dolor. En su lugar, podemos optar por entender y transformar las narrativas de odio mediante un proceso de diálogo, debate, formación y sensibilización que haga un contrapeso ideológico y pedagógico.

Proponer una visión de mundo más inclusiva y posicionar dicho planteamiento de forma estratégica, es una apuesta política poderosa. Esto implicaría hacer de nuestros espacios virtuales, espacios para la incidencia y transformación cultural, y aprender a ejercer la comunicación comunitaria como parte del derecho mismo que tenemos a la libertad de expresión.

Ejercer una ciudadanía activa y participativa en los entornos virtuales, nos convierte en agentes de cambio y co-creadores de nuevas narrativas de respeto y tolerancia.

Asumir el reto

El reto que plantea la virtualidad a las personas defensoras de derechos humanos es muy amplio. Sin duda es necesario fiscalizar a las plataformas virtuales para ser usuaries más conscientes y entender las implicaciones de aceptar los términos y condiciones de un espacio virtual. Para lograrlo requerimos de formación política y tecnológica constante y actualizada, acorde a las necesidades que plantea la era digital en la que estamos inmersas todas las personas (incluso aquellas que paradójicamente experimentan el tránsito a lo virtual desde la desconexión debido a la brecha digital).

La virtualización de la vida requiere de personas jóvenes que propongan nuevos códigos éticos para la interacción en el ciberespacio, que promuevan narrativas plurales y diversas para transitar los entornos de Internet de forma más segura. Así se asegura una incidencia más informada, más crítica y más respetuosa que garantice un acceso más universal a la red y la tecnología.

El ejercicio de ciudadanías virtuales activas y comprometidas con los derechos humanos, hace visible la inmensa pluralidad de pensamientos que enriquecen nuestra cultura, garantiza un acceso más universal a contenidos e información diversa y evita caer en el despotismo de la censura. Sólo así podremos dar cabida a un debate más rico que permita el disenso y abrace la diversidad.

Comunicación comunitaria como contrapeso

En septiembre del 2021 se implementó de manera virtual el proyecto Laboratorio de escucha social juvenil para la promoción de discursos de tolerancia política y respeto a los derechos humanos. 

Con participación de jóvenes costarricenses que se vinculan a espacios organizativos partidarios o de sociedad civil, se facilitó un espacio de formación y construcción colectiva para reflexionar sobre el auge de los discursos de odio en las redes sociales y las estrategias de reacción ante dicho fenómeno.

Como propuesta de comunicación comunitaria, gracias al proyecto se generaron una serie de mensajes para posicionar nuevas narrativas sobre las mujeres, poblaciones migrantes y personas LGTBIQA+. Estos mensajes buscan ser uno de los contrapesos frente a las publicaciones cargadas de odio, violencia, estigma y estereotipos que siguen circulando todos los días en la web.

La iniciativa fue implementada por Ojo al Voto gracias al apoyo del programa Agentes de Cambio de la Fundación Friedrich Ebert y permitió traducir dichos mensajes clave a insumos gráficos que pudieran ser distribuidos de manera sencilla por cualquier tipo de plataforma virtual o de mensajería instantánea. Sumado a ello, se realizó un proceso de investigación para recabar datos oficiales sobre cada una de las temáticas y así retratar el contexto nacional y educar sobre la necesidad de seguir abogando por los derechos humanos en el ciberespacio.

El proceso permitió el fortalecimiento de redes de solidaridad y alianzas para el trabajo colaborativo entre personas jóvenes y organizaciones sociales. Hoy, ese tipo de trabajo en redes podría ser la clave para hacer sostenible la defensa y reivindicación de los derechos humanos en tiempos convulsos de crisis sanitaria, social, económica y en términos más amplios: tiempos de una crisis humanitaria cada vez más profunda.

Las juventudes empuñando sus saberes tecnológicos, sus criterios innovadores, su creatividad y su perspicacia llevan la batuta en este proceso de democratización y ciber-defensa de los derechos humanos. Con un accionar consciente y apropiándose de la comunicación comunitaria como herramienta, se pueden tejer redes solidarias para la creación de contenidos que promuevan una coexistencia digital libre de violencia.