Lejos de Nicaragua y “sin nacionalidad”, pero libres

“Tres personas felices de respirar en libertad”, escribió en Facebook la comunicadora social, Adela Espinoza, después de ser excarcelada y desterrada hacia Guatemala el pasado 5 de septiembre de 2024. En la fotografía, además de ella, aparecen Gabriela Morales y Carlos Bojorge, quienes también estaban en la cárcel por expresar sus opiniones. Se ven felices, sonrientes. Están lejos de Nicaragua, pero libres, buscando reconstruir sus vidas.   

Los gobiernos de Estados Unidos y Guatemala  informaron que 135 personas nicaragüenses presas políticas fueron liberadas y trasladadas hacia Guatemala en un vuelo privado facilitado por Estados Unidos. 

El 9 de febrero de 2023, las autoridades de Nicaragua ya habían excarcelado a 222 personas presas políticas, quienes fueron desterradas hacia Estados Unidos. Además, les quitaron la nacionalidad y les confiscaron todos sus bienes. Este 10 de septiembre, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua privó de la nacionalidad nicaragüense a las 135 personas excarceladas y ordenó la confiscación de sus bienes, supuestamente para que respondan “por los severos daños materiales e inmateriales que ocasionaron a la población y al país”.

Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), durante el 57º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, realizados el 10 de septiembre de 2024, presentó una actualización sobre la situación de Nicaragua en la que reitera el establecimiento de hechos y circunstancias que constituyen crímenes de lesa humanidad, particularmente, persecución por motivos políticos; hechos que comportan graves violaciones y abusos de derechos humanos, y que incluyen la privación de la nacionalidad por motivos políticos”.  El GHREN agrega que tiene “motivos razonables para creer que el actual Presidente de Nicaragua (Daniel Ortega) y la Vicepresidenta (Rosario Murillo) son los principales responsables”.

La excarcelación y el destierro de 135 personas nicaragüenses 

“Hoy temprano (5 de septiembre de 2024), aterrizó aquí en Guatemala un avión con 135 presos políticos y de conciencia liberados, a quienes autoridades nicaragüenses habían detenido injustamente”, dijo Eric Jacobstein, Subsecretario de Estado Adjunto de los Estados Unidos para América Central, durante una conferencia de prensa.  

Los gobiernos de Estados Unidos y Guatemala y socios humanitarios de la sociedad civil les proporcionarán temporalmente alimentación, alojamiento, apoyo psicosocial y asistencia médica para ayudarles a recuperarse de las difíciles condiciones y traumas que han experimentado en las cárceles nicaragüenses.

Jacobstein reconoció el liderazgo democrático de Guatemala y agradeció al presidente Bernardo Arévalo y al canciller Carlos Ramiro Martínez por trabajar conjuntamente con Estados Unidos para recibir y acoger temporalmente en Guatemala a las personas liberadas. 

El canciller de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez, informó que el Instituto Guatemalteco de Migraciones concedió a las personas nicaragüenses desterradas 90 días para que puedan regularizar su situación. Quienes así lo deseen pueden quedarse en Guatemala o continuar su viaje a otros países, agregó.   

Eric Jacobstein manifestó que estas personas tendrán la oportunidad de solicitar vías legales para reconstruir sus vidas fuera de Nicaragua. Podrán viajar a Estados Unidos a través del Programa de Movilidad Segura. La otra vía legal es el procedimiento de refugio acelerado. 

Los gobiernos de Guatemala y los Estados Unidos aseguraron que, por razones de seguridad y privacidad, no darían a conocer los nombres de las personas liberadas. En la resolución de la CSJ de Nicaragua tampoco se publicó la lista de las personas que fueron liberadas, desterradas y, ahora, desnacionalizadas. El Mecanismo para el Reconocimiento de las Personas Presas Políticas ha ido, poco a poco, elaborando el listado de las personas excarceladas. 

Entre las personas liberadas hay 13 personas afiliadas a la organización religiosa Puerta de la Montaña, a quienes las “autoridades judiciales” de Nicaragua habían condenado por el delito de lavado de dinero. Este grupo de religiosos solía aparecer en actividades públicas del Estado nicaragüense, e incluso, rezaba por la Policía de Nicaragua. En la lista de personas liberadas también hay estudiantes, periodistas, defensoras de los derechos humanos y campesinos. 

En sus declaraciones, Jacobstein, mencionó que “las autoridades de Nicaragua encarcelaron injustamente a estos hombres y mujeres por cargos infundados, simplemente por ejercer sus libertades fundamentales. Ahora, los liberados comienzan la difícil tarea de reconstruir sus vidas en otro país”. 

El funcionario estadounidense describió como “un momento increíblemente emocional” para él el hecho de darles la bienvenida a estas personas cuando aterrizaron en Guatemala y ser testigos de los primeros pasos para poder tomar control de sus vidas. 

Cerrar filas contra los autoritarismos 

Santiago Palomo, secretario de comunicación del Gobierno de Guatemala, dijo que este país ha ratificado su firme vocación democrática al recibir y acoger a “135 hermanos nicaragüenses presos políticos, víctimas de un régimen autoritario”. 

Para Palomo, hay que cerrar filas contra los autoritarismos porque representan una amenaza para la democracia y la libertad en la región. 

“Como gobierno hemos sostenido, enfatizado y demostrado que sólo en democracia las personas crecen libres y los pueblos tienen las garantías de progresar, expresarse y desarrollarse plenamente; libres de ataduras generadas por la censura, las represiones y el hostigamiento como consecuencias de sus ideas, pensamientos o posturas políticas”, dijo Palomo. 

En iguales términos se expresó el Subsecretario de Estado Adjunto de los Estados Unidos para América Central al subrayar que las amenazas a la democracia en cualquier lugar “es una amenaza a la democracia en todas partes". Añadió que tienen “la responsabilidad de proteger a quienes defienden los derechos humanos y la democracia".   

El Subsecretario denunció que Daniel Ortega y Rosario Murillo continúan violando los derechos humanos de las personas nicaragüenses al reprimir cualquier tipo de disidencia, encarcelar a opositores políticos y confiscar sus propiedades. Estados Unidos, agregó, apoya la exigencia del pueblo nicaragüense de un retorno pacífico a la democracia y de vivir en una Nicaragua en que todas las personas puedan ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales sin temor a sufrir persecución y represalias.

Las personas nicaragüenses excarceladas, dijo Santiago Palomo, encontrarán apoyo y respaldo en el pueblo de Guatemala. Este país “les abre las puertas como hermanos y hermanas”. En las cárceles de Nicaragua quedan al menos 36 personas presas políticas en espera de la anhelada libertad.